18.000 personas viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana en Guatemala. Aunque el 43,89% de su población es indígena, el país no tiene una estrategia nacional de respuesta al VIH dirigida a los pueblos originarios y que considere la atención en idiomas maternos.

Entre 2017 y 2019 el Estado guatemalteco ha comprado medicamentos antirretrovirales por un valor de más de ocho millones de dólares con unos resultados más que discutibles: Guatemala es el país de América Latina con más casos de VIH avanzado según ONUSida.

A pesar de que Guatemala realiza el 67% de sus compras a través de las distintas modalidades, que ofrece la Organización Sanitaria Panamericana, acumula un total sobrecosto de un 33% si se consideran los precios de referencia de la propia OPS y Medicos Sin Fronteras.

Precisamente en este 33%, adquirido a través de compras locales, que ha dejado considerables pérdidas en el país centroamericano, ya que son precisamente las compras realizadas a proveedores locales han resultado ser más costosas que los precios de referencia.

La “Emtricitabina+Tenofovir +Efavirenz 200 mg + 300 mg +600 mg” fue adquirida en promedio ponderado a 8.71 USD, sin embargo su costo unitario fluctuó de 7 USD a 91 USD dependiendo si el proveedor era local o internacional. Otro ejemplo es el Dolutegravir, que en su presentación 50mg se adquirió a 390 USD cuando la referencia no supera los 5 USD; por ejemplo Bolivia lo adquiere a 4.65 USD.

La compra de un medicamento a un precio estable y sin variación, a través de la Organización Sanitaria Panamericana, sólo requiere de una correcta planificación. Desde que se realiza la comanda hasta que llega a almacenes tarda aproximadamente 10 meses.

Los laboratorios más beneficiados de esa mala planificación son: J.I. Cohen, Centro Distribuidor, Corporación Amicelo y Stendhal que recibieron el 82% de los contratos de compra local de antirretrovirales, un monto que supera los dos millones de dólares.

De haber respetado los precios de referencia, Guatemala hubiera ahorrado dos millones y medio de dólares que pudo haber usado en acciones para respetar el Derecho a la Salud de las personas que viven con VIH y en consecuencia de toda su población.

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